La delimitación temporal del siniestro en los seguros personales que cubren la invalidez derivada de accidente constituye una de las cuestiones más litigiosas en la práctica aseguradora. No tanto por su complejidad conceptual, sino por la frecuencia con la que el desarrollo clínico de las secuelas y su declaración administrativa se extienden durante meses o años, con el resultado —no infrecuente— de que el asegurado obtiene el reconocimiento formal de la incapacidad permanente cuando el contrato ya ha expirado o cuando se ha producido el impago de primas.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Mérida ha condenado a GES Seguros y Reaseguros, S.A. al pago íntegro del capital asegurado en un seguro de vida, 200.000 euros, más los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro y las costas procesales, al rechazar la cláusula de exclusión por alcohol y drogas invocada por la aseguradora tras el fallecimiento del asegurado.

El artículo 10 de la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro, se invoca con frecuencia por las compañías aseguradoras como si se tratara de una cláusula de exclusión, destinada a sancionar al tomador que oculta información médica relevante en el momento de suscribir su seguro de vida.

Una parte significativa de la litigiosidad en materia de seguros de vida e invalidez no se explica tanto por la complejidad normativa como por la reiteración de determinadas estrategias defensivas que los tribunales vienen rechazando de forma constante. Entre ellas destacan dos: la atribución posterior al asegurado de un conocimiento médico que no tenía en el momento de perfeccionarse el contrato, y la invocación extensiva de la nulidad del contrato por inexistencia del riesgo del artículo 4 de la Ley de Contrato de Seguro.

Durante la última década, el reparto a domicilio ha experimentado una mutación acelerada. Lo que comenzó como un servicio auxiliar vinculado a la restauración se ha convertido en un engranaje fundamental de la economía urbana. Las plataformas digitales han impulsado este cambio ofreciendo inmediatez, disponibilidad permanente y una logística soportada en datos. Sin embargo, detrás de esa eficiencia aparente se ha abierto un intenso debate jurídico: ¿qué naturaleza tiene el trabajo de quienes pedalean, conducen o caminan por las ciudades para entregar pedidos?

La Sentencia núm. 1396/2025, de 8 de octubre, de la Sección 1.ª de la Sala Primera del Tribunal Supremo, vuelve sobre un tema cardinal para la economía del seguro: la interpretación y aplicación de los intereses moratorio-sancionadores del artículo 20 LCS. El Alto Tribunal estima el recurso de casación de la madre de un menor lesionado por la mordedura de un perro y condena de oficio a la aseguradora al pago de los intereses del art. 20 LCS, casando en este único extremo la sentencia de apelación.

La determinación de la fecha del siniestro constituye uno de los puntos más conflictivos en los seguros de vida que incluyen cobertura por invalidez o incapacidad permanente derivada de enfermedad común. De ella depende, en última instancia, si el siniestro queda cubierto o no, especialmente cuando la declaración de incapacidad se produce después de la extinción de la póliza.

Nuestras normas jurídicas cuentan con artículos que, más que preceptos, constituyen declaraciones de principios. El artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro pertenece a esa estirpe: consagra la idea, tan sencilla como incómoda, de que quien se retrasa en pagar lo debido debe asumir las consecuencias.

La reciente Sentencia nº 255/2025 del Juzgado de lo Social nº 26 de Madrid, dictada el 2 de octubre de 2025, ha declarado improcedente el despido de un trabajador de Mercadona, S.A., representado por Basilea Abogados. Se trata de un pronunciamiento de interés por su cuidadoso análisis del principio de buena fe contractual —piedra angular de las relaciones laborales— y por la forma en que delimita los márgenes de la sanción más grave en el Derecho del Trabajo: el despido disciplinario.

Hay casos que no son solo un expediente judicial, sino una parábola sobre la confianza: sobre cómo un vínculo profesional, tejido con palabras y promesas, puede deshacerse por la sola inercia del silencio. La Sentencia n.º 109/2025, de 20 de marzo, de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 12ª) arroja luz sobre un tema tan frecuente como delicado: la responsabilidad civil del abogado y el verdadero alcance del seguro que debe proteger al cliente cuando la defensa fracasa por negligencia.