La reciente Sentencia del Tribunal Supremo 913/2026, de 11 de junio, vuelve a poner el foco sobre una práctica bancaria que durante años pasó relativamente desapercibida bajo la apariencia de un simple trámite administrativo: la orden de transferencia incluida en la escritura de préstamo hipotecario para el pago de la prima de un seguro de vida vinculado al crédito. Lo que en apariencia resulta ser una instrucción de pago inocua escondía, en realidad, una condición financiera de considerable calado económico, y el Alto Tribunal ha tenido ahora ocasión de desentrañar su verdadera naturaleza jurídica.

La distinción entre daño continuado y daño duradero o se trata de una decisión jurídica que puede salvar o sepultar una demanda por prescripción. En los últimos años el Tribunal Supremo ha venido afinado esta diferenciación, y la reciente STS 2273/2026, de 14 de mayo ofrece un ejemplo muy expresivo de cómo esa calificación condiciona el dies a quo y, en definitiva, la suerte de la acción.

La digitalización de la distribución aseguradora ha trasladado al entorno telemático una operación que durante décadas se documentó en papel y se cerró con una rúbrica manuscrita. Hoy un seguro de vida puede perfeccionarse en pocos minutos desde un teléfono móvil, mediante la aceptación de condicionados generales y la cumplimentación de un cuestionario de salud que el tomador recorre con el dedo sobre una pantalla.

La sentencia del Tribunal Supremo 712/2026, de 7 de mayo, ofrece mucho más que la resolución de un conflicto concreto entre una piscifactoría de la bahía de Algeciras y el club de protección e indemnización del buque que vertió hidrocarburos en diciembre de 2002. Es, sobre todo, un nuevo jalón en la construcción jurisprudencial de los intereses moratorios del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, y en particular de la célebre “causa justificada” del apartado 8, que tantas veces han invocado las aseguradoras para tratar de eludir un recargo claramente sancionador.

Una de las situaciones más frustrantes con las que se encuentra un asegurado es descubrir, justo cuando llega el siniestro, que la compañía rechaza el pago amparándose en una cláusula que nunca leyó, sobre la que nadie le advirtió y que vacía de contenido el seguro que había contratado de buena fe. La reciente Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo núm. 569/2026, de 15 de abril (ECLI:ES:TS:2026:1723; ponente, Excmo. Sr. D. Manuel Almenar Belenguer), aborda precisamente este escenario y ofrece una respuesta clara y favorable a los intereses del asegurado.

D.ª Andrea, abogada de profesión y mutualista de la Mutualidad General de la Abogacía, había suscrito en 2011 una póliza de seguro de vida con Seguros Bilbao que incluía cobertura por invalidez permanente absoluta, con un capital asegurado de 60.000 euros y un incremento anual acumulativo del 3%. En marzo de 2016, la Mutualidad General de la Abogacía le reconoció la situación de invalidez permanente absoluta con efectos desde el 1 de febrero de ese mismo año.

El caso que llega al Tribunal Supremo nace de una historia clínica dramática pero, por desgracia, nada extraña en la litigación sanitaria: una gestante con antecedente de cesárea previa, un embarazo que se prolonga, un intento de parto vaginal, una rotura uterina y, como consecuencia, una niña con gravísimas secuelas neurológicas y una madre que reclama por los daños sufridos por ambas. La actora había solicitado 96.071,11 euros por sus propias lesiones y un millón de euros por el daño corporal de su hija, a la que se reconoce una encefalopatía isquémica con un grado de discapacidad del 78%, vinculando todo ello a una asistencia obstétrica deficiente en el Hospital público en cuestión: retraso en la práctica de la cesárea e infracción del consentimiento informado.

El Tribunal Supremo ha vuelto a trazar con trazo grueso la línea que separa las cláusulas delimitadoras del riesgo de las auténticas cláusulas limitativas de derechos en el seguro de vida, y lo ha hecho en un terreno especialmente sensible: la cobertura de infarto de miocardio con un período de carencia de noventa días. La sentencia 531/2026, de 9 de abril (Roj STS 1528/2026), desestima los recursos de Vida Caixa y confirma la condena a abonar 50.000 euros al asegurado, al considerar inoponible la carencia por no cumplir los requisitos del artículo 3 de la LCS y calificarla, además, como “cláusula sorpresiva”.

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo 283/2026, de 23 de febrero, vuelve sobre una cuestión que, pese a su apariencia técnica, tiene una enorme trascendencia práctica en los litigios de seguro: cuándo debe entenderse producido el siniestro en los seguros de vida que incluyen cobertura de invalidez permanente absoluta. La respuesta no es menor, porque de ella depende, muchas veces, si la póliza estaba o no en vigor cuando surgió el derecho a la indemnización. Esta nueva resolución encaja con la doctrina que ya habíamos tratado en un artículo sobre la fecha del siniestro en los seguros de vida con cobertura de invalidez, donde se subrayaba que la fecha relevante no siempre coincide con la declaración administrativa de incapacidad.

Cuando una actuación sanitaria presuntamente contraria a la lex artis desemboca en el fallecimiento del paciente, el ordenamiento español no limita la reclamación a una única figura: pueden concurrir, con fundamentos distintos, acciones ejercitables por los herederos (como sucesores en determinados derechos de crédito del causante) y acciones ejercitables por familiares o allegados en su propio nombre, por los daños personales y patrimoniales que les provoca la muerte.